Propiedad privada y desarrollo económico en Argentina: el vínculo roto

El problema de fondo: un país que castiga al que ahorra

Argentina lleva más de setenta años discutiendo por qué no crece. Se ensayaron planes heterodoxos, ortodoxos, gradualistas y de shock. Se cambió de moneda cinco veces, se estatizó, se privatizó, se volvió a estatizar. Y sin embargo, el ingreso per cápita real está prácticamente estancado desde mediados de los años setenta. La explicación estructural, más allá de la coyuntura, es una sola: en Argentina la propiedad privada es débil, contingente y revisable. Y donde la propiedad es débil, el capital se va o directamente no se forma.

Esto no es una hipótesis ideológica. Es una constatación empírica que atraviesa a Adam Smith, a Douglass North —que ganó el Nobel justamente por demostrar el rol de las instituciones—, a Hernando de Soto y a la evidencia comparada moderna. Los países que protegen contratos, títulos y ahorros crecen. Los que los avasallan, no. Argentina eligió, por acción u omisión, el segundo camino durante décadas.

La pregunta relevante no es si un gobierno es "de derecha" o "de izquierda", sino si respeta o no las reglas básicas que permiten planificar a diez, veinte o treinta años. Un empresario que no sabe si mañana le van a poner un cepo, congelarle precios, expropiarle acciones o cambiarle unilateralmente un contrato, no invierte. Ahorra en dólares fuera del sistema, y con razón.

Qué entendemos por propiedad privada (y por qué no alcanza con tener escritura)

Cuando hablamos de propiedad privada no nos referimos únicamente al título de un inmueble. La propiedad privada, en sentido económico, es un haz de derechos: usar un bien, obtener sus frutos, disponer de él, transferirlo y defenderlo frente a terceros —incluido el Estado—. Si cualquiera de esos derechos se cercena, la propiedad se degrada aunque el título formal siga a nombre del titular.

En Argentina, este haz está sistemáticamente mutilado. Algunos ejemplos concretos:

• Uso: leyes de alquileres que fijan plazos y actualizaciones por fuera del acuerdo entre partes.
• Frutos: retenciones a las exportaciones, que confiscan una porción del ingreso del productor.
• Disposición: cepos cambiarios que impiden convertir pesos a dólares, es decir, disponer libremente del propio ahorro.
• Transferencia: restricciones para girar utilidades, dividendos o remesas al exterior.
• Defensa frente al Estado: emergencias económicas prorrogadas que suspenden derechos por decreto.

Cada una de estas intervenciones, aisladamente, se justifica con algún objetivo loable: proteger al inquilino, cuidar la balanza de pagos, financiar el gasto social. Sumadas, configuran un régimen donde la propiedad es nominal pero no efectiva. Y el capital lo sabe.

La evidencia histórica argentina: cuando se respetó, se creció

Entre 1880 y 1930, Argentina fue una de las diez economías más ricas del mundo en ingreso per cápita. No fue casualidad ni suerte de las pampas. Fue la aplicación consistente del programa de Juan Bautista Alberdi: Constitución liberal de 1853, apertura al capital y al trabajo extranjeros, respeto a los contratos, moneda convertible y un Estado limitado a sus funciones esenciales. Los ferrocarriles, los frigoríficos, los puertos y la agricultura moderna se construyeron sobre esa base institucional.

El quiebre no fue militar ni ideológico en abstracto: fue institucional. A partir de 1946, y con oscilaciones, Argentina pasó a un modelo donde el Estado se arroga el poder de definir qué es "interés general" y, en nombre de eso, redefinir precios, salarios, tipo de cambio y hasta la titularidad de las empresas. La nacionalización de los depósitos bancarios en 1946, la estatización de los ferrocarriles, los controles de cambios recurrentes desde los cuarenta y los ciclos de expropiaciones marcaron el rumbo.

El resultado es medible. Según datos del Banco Mundial, Argentina pasó de estar entre los diez países más ricos per cápita a comienzos del siglo XX a ubicarse hoy en torno al puesto 70. No hay ningún otro país del mundo que haya tenido una decadencia relativa tan pronunciada en un siglo. Y esa decadencia coincide, casi punto por punto, con la erosión progresiva del régimen de propiedad.

Inversión, ahorro y horizonte de planeamiento

La inversión bruta interna fija en Argentina ronda históricamente el 16-18% del PBI, muy por debajo del 25-30% que exhiben países que crecen sostenidamente, como Chile en sus mejores décadas, o los del sudeste asiático. Sin inversión no hay productividad; sin productividad no hay salarios reales crecientes. Es aritmética, no ideología.

¿Por qué se invierte poco? Porque el horizonte de planeamiento es corto. Un empresario argentino promedio no planifica a diez años: planifica a dos, y con suerte. La inflación crónica, los cambios de reglas tributarias, los cepos, los controles de precios y la judicialización de la actividad económica hacen que cualquier proyecto de largo plazo sea, en términos financieros, una apuesta con demasiada varianza.

El ahorro nacional, medido en pesos, se destruye periódicamente. Por eso el ahorrista argentino ahorra en ladrillos o en dólares fuera del sistema. Se estima que hay más de 200.000 millones de dólares de argentinos fuera del circuito financiero local, según cálculos habitualmente citados a partir del balance cambiario del BCRA y estimaciones de posición de inversión internacional del INDEC. Ese capital existe, pero no financia inversión productiva local porque no confía en el marco institucional.

El caso de las expropiaciones y los cambios de reglas

Hay episodios paradigmáticos que resumen el problema. La estatización de las AFJP en 2008 transfirió al Estado el ahorro previsional de millones de trabajadores, transformando aportes definidos en promesas políticas revisables. La expropiación de YPF en 2012, más allá del debate sobre la gestión de Repsol, envió al mundo la señal de que el paquete accionario de una empresa que cotiza en Nueva York podía ser tomado por decisión política. El resultado fue un juicio internacional que Argentina perdió, con una sentencia de alrededor de 16.000 millones de dólares —una cifra que equivale a varios años de inversión extranjera directa perdida.

Menos espectaculares, pero igualmente corrosivos, son los cambios permanentes de reglas tributarias. Bienes personales que sube y baja; retenciones que aparecen y desaparecen; alícuotas de ganancias que se modifican por decreto; moratorias que premian al que no pagó y castigan al cumplidor. Cada uno de esos movimientos erosiona un poco más el contrato implícito entre ciudadano y Estado.

El efecto acumulado es lo que los economistas institucionalistas llaman riesgo de expropiación difuso: no hace falta que te expropien para que actúes como si te fueran a expropiar. Basta con que exista la posibilidad razonable. Y en Argentina, esa posibilidad está incorporada al precio de cualquier activo.

Propiedad, informalidad y los pobres

Uno de los argumentos más potentes a favor de la propiedad privada robusta no viene de la derecha empresaria, sino del trabajo de Hernando de Soto en El misterio del capital. De Soto muestra que en los países en desarrollo hay enormes cantidades de "capital muerto": viviendas, terrenos y pequeños negocios que existen físicamente pero no están registrados formalmente. Sin título, ese capital no puede usarse como garantía, no puede venderse fácilmente, no puede heredarse sin conflicto.

En Argentina, según datos habitualmente citados a partir de relevamientos del RENABAP, hay más de 5.000 barrios populares con cientos de miles de familias sin título de propiedad efectivo. Esas familias no son "pobres porque no trabajan": son pobres porque el activo más importante que poseen —su vivienda— no es plenamente suyo en términos legales. No pueden usarlo como palanca de crédito, no pueden capitalizarlo, no pueden proyectar sobre él.

El liberalismo serio no defiende la propiedad privada solo del que ya tiene mucho. La defiende como mecanismo de inclusión del que tiene poco. Titularizar barrios populares, simplificar el registro de la propiedad y bajar los costos de escrituración son políticas pro-pobres, no anti-pobres. Y son perfectamente compatibles con el ideario libertario.

Esto conecta directamente con el problema del gasto público y su relación rota con la pobreza: décadas de transferencias no lograron sacar a la gente de la pobreza estructural, precisamente porque no atacaron la raíz institucional del problema.

Seguridad jurídica: el activo intangible más valioso

Se habla mucho de infraestructura, de capital humano, de recursos naturales. Todo eso importa. Pero hay un activo que precede a todos los demás: la seguridad jurídica. Un país puede ser pobre en recursos y volverse rico —Suiza, Singapur, Israel, Corea del Sur— si tiene reglas estables. Un país puede ser riquísimo en recursos y estancarse —Venezuela, Nigeria, la propia Argentina— si no las tiene.

La seguridad jurídica tiene componentes concretos:

1. Independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo de turno.
2. Previsibilidad tributaria: reglas que no se cambian retroactivamente.
3. Cumplimiento efectivo de los contratos, sin plazos judiciales de una década.
4. Respeto a las sentencias, incluidas las adversas al Estado.
5. Moneda estable, porque la inflación es una forma de expropiación no legislada.

Argentina falla, en distinto grado, en los cinco puntos. La Corte Suprema es objeto permanente de disputa política. El régimen tributario cambia varias veces por año. Los juicios comerciales duran, en promedio, más de cinco años en primera instancia. El Estado incumple sentencias amparándose en "emergencias" que ya llevan tres décadas prorrogándose. Y la inflación acumulada de los últimos cincuenta años convirtió al peso en una unidad de cuenta cuestionable.

Recomponer esto no es cuestión de un decreto. Es un trabajo de reconstrucción institucional que lleva años y requiere consensos amplios. Pero sin ese trabajo, ninguna política de estímulo, ningún plan de infraestructura y ningún acuerdo con el Fondo va a mover el amperímetro del crecimiento sostenido.

Qué muestra la evidencia comparada

Los rankings internacionales de derechos de propiedad —como el International Property Rights Index o el Economic Freedom Index de la Heritage Foundation— ubican a Argentina consistentemente en el tercio inferior de la muestra global. No es una opinión: es la percepción agregada de inversores, académicos y organismos que miden variables comparables.

En el índice de libertad económica publicado anualmente, Argentina se ubicó durante los últimos años en posiciones cercanas al puesto 140 sobre 180 países medidos. Los países que están por encima —incluyendo a casi toda América Latina— crecen sistemáticamente más que Argentina. Los que están por debajo son, casi sin excepción, economías fallidas o autoritarias.

La correlación no es perfecta ni implica causalidad simple. Hay trade-offs: un país puede tener alta libertad económica y baja cohesión social, o viceversa. Pero la correlación entre derechos de propiedad fuertes y crecimiento sostenido es una de las más robustas de la economía empírica moderna. Ignorarla en nombre de una supuesta "justicia distributiva" ha costado, en el caso argentino, décadas de estancamiento y millones de personas empujadas a la pobreza estructural.

Reconstruir el contrato: qué implicaría en la práctica

Restaurar la propiedad privada en Argentina no es promulgar una ley y listo. Implica una serie de decisiones concretas y sostenidas en el tiempo:

• Estabilidad macro: sin déficit fiscal crónico y sin emisión descontrolada, no hay moneda; sin moneda, no hay propiedad real sobre el ahorro.
• Simplificación tributaria: menos impuestos, más bajos, con bases más amplias y sin cambios retroactivos.
• Desregulación de mercados: dejar que los precios los fijen las partes, no el Boletín Oficial.
• Reforma judicial: procesos más rápidos, ejecuciones efectivas, independencia real.
• Titularización masiva: dar títulos formales a quienes ocupan viviendas y terrenos de manera pacífica y prolongada.
• Respeto a los contratos, incluidos los firmados por gobiernos anteriores. Nada erosiona más la confianza que el "borrón y cuenta nueva" cada cuatro años.

Nada de esto es original ni ideológico. Es lo que hicieron, con matices, todos los países que pasaron de pobres a ricos en los últimos cincuenta años. Es también, esencialmente, lo que proponía Alberdi en 1852 y lo que Argentina practicó, con imperfecciones, durante su período de mayor prosperidad relativa.

El mérito individual y el esfuerzo solo pueden traducirse en progreso material si existe un marco que garantice al que trabaja, ahorra e invierte que va a poder disponer del fruto de su esfuerzo. Sin ese marco, el mérito se disipa en emigración, en informalidad o en resignación.

Cierre: una decisión política, no una fatalidad

El estancamiento argentino no es un destino geográfico ni una maldición cultural. Es el resultado acumulado de decisiones políticas concretas que, durante décadas, priorizaron el uso discrecional del poder por sobre el respeto a las reglas. La buena noticia es que, si el problema es institucional, la solución también lo es. No hace falta un milagro ni un descubrimiento de recursos: hace falta un cambio sostenido en la forma en que el Estado se relaciona con la propiedad de los ciudadanos.

El debate público suele plantear falsas dicotomías: propiedad privada versus justicia social, mercado versus Estado, individuo versus comunidad. La evidencia comparada muestra que los países con instituciones de propiedad fuertes son también, en general, los que tienen mejores indicadores sociales, menor pobreza estructural y clases medias más amplias. No es un juego de suma cero.

Defender la propiedad privada no es defender privilegios: es defender la posibilidad de que cualquier ciudadano —el productor sanjuanino, la comerciante de Once, el programador que factura al exterior, la familia que compró un lote en cuotas— pueda planificar su vida sabiendo que las reglas del juego no van a cambiar por decreto el mes que viene. Esa es, en última instancia, la relación entre propiedad privada y desarrollo económico en Argentina: sin la primera, el segundo es una promesa vacía.